En la tarde de hoy, explotó en redes sociales una denuncia que tuvo entre sus principales impulsoras al grupo de proteccionistas «Somos Voluntarias» y que fue replicada innumerables veces. Se denunció la muerte de un caballo, debido a que el animal, que vagaba suelto por la vía pública, que habría sido atado a un móvil de tránsito para llevarlo de tiro.
Se puede ver en el video donde el caballo es llevado de tiro, por un móvil de la Patrulla Urbana atado por una soga, y naturalmente se resiste. Los mensajes inundaron las redes «El móvil de tránsito llevaba de tiro a un caballo y lo ahorcaron» mencionaron «está muerto en la calle». No tardaron en aparecer más datos, recolectados por las proteccionistas «Tiraron el caballo arriba de un camión de la Municipalidad y lo taparon con basura, para tapar lo que hicieron». Otro relató «Yo me crucé al caballo a las 9:30 hs, antes de ir al trabajo. Estaba en perfectas condiciones , caminó desde mi casa hasta la Plaza Brown adelante de mi auto. No parecía estar asustado.Realmente no sabía como frenarlo o hacer que se quede en algún lugar, así que llamé a la Policía y ahora veo esto. Es muy triste».. Otro internauta mencionó «Mi papá en un momento iba detrás del móvil y les hizo señas de que se estaba enredando la pata de adelante con el lazo. Y cuando quiso acordarse el caballo se desplomó. No se si fue ahorcamiento o el corazón».
No faltaron los que aseguraron que el caballo sufría de algún tipo de afección o enfermedad de gravedad y que el accionar de los inspectores no tuvo que ver con el desenlace fatal.
Todos los testigos y el video hablan de un móvil llevando «de tiro» a un equino atado. Y como siempre, en este tipo de situaciones, las responsabilidades suelen ser compartidas y multifacéticas. Hay dos que saltan a la vista:
Responsabilidad del dueño del animal: Una de las principales obligaciones recae en el dueño del animal. Mantener un equino suelto en la vía pública constituye una infracción a las normas de tránsito y seguridad, ya que representa un riesgo tanto para el propio animal como para los peatones y conductores. La negligencia en el cuidado y contención del animal es un factor determinante. Las leyes de tránsito suelen prohibir la presencia de animales sueltos en rutas y caminos, y en muchas jurisdicciones la tracción a sangre está directamente prohibida o fuertemente regulada.
La restante es aún más obvia:
Responsabilidad de los inspectores de tránsito: Si bien la función de los inspectores es garantizar la seguridad vial y remover obstáculos o peligros de la vía pública, el método utilizado para el traslado de un animal es crucial. Las autoridades tienen el deber de actuar con rapidez, pero también deben asegurar el bienestar del animal durante el procedimiento. Arrastrar a un equino «de tiro» sin medidas de seguridad adecuadas, que puedan causarle sufrimiento, lesiones o la muerte, es una verdadera salvajada que podría configurar un acto de maltrato o crueldad animal. La intención de remover un peligro no exime de la responsabilidad de hacerlo de una manera que no vulnere los derechos del animal.
Quizás la intención de los inspectores fue retirar el animal de la vía pública para evitar daños a personas o bienes. Sin embargo, la forma en que se realiza ese traslado es fundamental.
No está justificado ni es legal trasladar a un animal de una manera que intencionalmente le cause daño o sufrimiento.
La normativa exige que, incluso en situaciones de remoción de animales sueltos, se garantice su custodia, control sanitario, alimentación y buen trato. Si el método de traslado empleado por los inspectores resultó en la muerte del caballo debido a negligencia , podrían enfrentar consecuencias legales, de las que hablaremos más adelante.
Y por último, ¿Hay responsabilidad del Municipio? En general, el Estado es responsable por los daños causados por el accionar de sus agentes en el ejercicio de sus funciones, especialmente si hay negligencia, imprudencia o impericia. Si el método de traslado del caballo fue inadecuado y provocó su muerte, el municipio podría ser considerado responsable por el daño.
Asimismo, un municipio debe contar con protocolos para el manejo de animales sueltos en la vía pública. Además, es su responsabilidad capacitar a su personal (inspectores, etc.) sobre cómo aplicar estos protocolos de manera segura y respetuosa con los animales. Si no existen estos protocolos o la capacitación es deficiente, la responsabilidad recae en la administración municipal.
En el caso del caballo, la medida más razonable habría sido utilizar un carro para el transporte de animales. Sin embargo, esto no se hizo y las consecuencias están a la vista.
Posibles sanciones y la Ley de Maltrato Animal
Los inspectores involucrados podrían ser pasibles de sanciones si se comprueba que su accionar constituyó un acto de maltrato o crueldad. En Argentina, rige la Ley N° 14.346, conocida como Ley de Maltrato Animal, que establece penas para quienes infligen malos tratos o actos de crueldad a los animales.
Sancionada en en 1954, es la normativa protege a los animales en Argentina contra el maltrato y la crueldad. y considera actos de maltrato, entre otros:
- No alimentar en cantidad y calidad suficiente a los animales domésticos o cautivos.
- Estimularlos con instrumentos que les causen dolor (ej. látigo).
- Hacerlos trabajar muchas horas sin descanso o cuando no estén en estado físico adecuado.
- Estimularlos con drogas sin fines terapéuticos.
- Emplear animales en el tiro de vehículos que excedan notoriamente sus fuerzas.
Por otro lado, son actos de crueldad:
- Practicar la vivisección sin anestesia y sin título habilitante.Realizar experimentos con animales.
- Abandonar a los animales utilizados en experimentos.
- Matar a animales en estado de preñez.
- Lastimar y arrollar animales intencionalmente, causarles torturas o sufrimientos innecesarios o matarlos por solo espíritu de perversidad.
- Realizar actos públicos o privados de riñas de animales, corridas de toros, novilladas, etc.
En el caso denunciado en nuestra ciudad, si se demuestra que el método de traslado causó sufrimiento innecesario o la muerte del animal, quizás los responsables podrían ser imputados bajo esta ley.
Este lamentable hecho subraya la necesidad de protocolos claros y capacitación para el personal municipal que interviene en la remoción de animales de la vía pública, garantizando la seguridad ciudadana sin vulnerar los derechos y el bienestar de los animales
