La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires dictó sentencia en una prolongada disputa legal que mantenía en vilo a las arcas locales, resolviendo un conflicto interpretativo entre el Tribunal de Cuentas bonaerense, el Sindicato de Trabajadores Municipales y la administración central del distrito, originado durante el primer año de mandato del exintendente Javier Olaeta.
El litigio técnico comenzó cuando el órgano de control provincial objetó formalmente que la Municipalidad continuara abonando los haberes salariales a aquellos empleados públicos que, durante el período 2016, se encontraban haciendo uso de su licencia por representación gremial. Frente a los cargos financieros que pretendía imponer el Tribunal de Cuentas, tanto el Ejecutivo como el propio gremio municipal recurrieron a la máxima instancia judicial de la provincia para apelar la resolución.
En su fallo definitivo, emitido el pasado 26 de mayo, los magistrados del máximo tribunal bonaerense respaldaron la postura local basándose en la preexistencia de la Ordenanza N° 2.689/16. Esta norma, aprobada en su momento por unanimidad en el Concejo Deliberante, es la que regula de manera soberana las relaciones laborales dentro del ámbito público de nuestra ciudad.
En los fundamentos del veredicto, la Suprema Corte dejó en claro un principio de jerarquía normativa: determinó que los funcionarios locales no tenían la potestad ni la autorización legal para ignorar o dejar de aplicar una ordenanza vigente en el distrito. Con esta resolución judicial, se cierra de manera definitiva la extensa controversia administrativa, ratificándose que el pago de los sueldos en cuestión estuvo ajustado a derecho debido a las leyes locales que obligaban al municipio a efectivizarlos.
