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Fallo judicial favorable a la esposa de un fallecido por COVID-19 obtenido por abogado arrecifeño

Gracias al trabajo del abogado Dr. Ariel Samana, especialista en temas provisionales y columnista de www.diarioimagen.com.ar, la Justicia ordenó a ANSeS que permita a la esposa de un fallecido por la pandemia cobrar la pensión especial.

Este fallo obtenido gracias a la intervención del letrado arrecifeño, marca un precedente tan importante que hasta fue reflejado por el diario Clarin en una nota, que reza lo siguiente:

A traves de una medida cautelar, la Jueza Silvia Saino del Juzgado Federal de la Seguridad Social N° 8 ordenó a la ANSeS que, en 10 días, le otorgue un turno a María Edel Ortiz Perez para iniciar el trámite de la pensión graciable.

Es por el fallecimiento por COVID-19 de su conviviente Jorge Cardozo el 29 de agosto de 2020 quien trabajaba como auxiliar de enfermería, sección terapia intensiva en la Clínica Marplama S.A. Saavedra, en una actividad decretada como esencial por un DNU del Poder Ejecutivo Nacional.

ANSeS le negó el turno con el argumento de que la ley – 27.549- aprobada en junio de 2020 otorgó esa pensión graciable por COVID-19 pero no determinó quien debía hacerse cargo de pagarle de “por vida”  a los familiares de trabajadores de sectores críticos fallecidos. La ley directamente no fue reglamentada.

El abogado Ariel Samana le dijo a Clarín que también intentó pedir el turno vía Atención Virtual y “desde ANSeS se me contestó que no era posible” porque Ortiz Pérez ya cobraba la pensión ordinaria por fallecimiento. Insistí que «esta pensión graciable” es “compatible con cualquier otro beneficio que le corresponda al beneficiario conforme el Sistema Integrado Previsional Argentino vigente al momento del fallecimiento”, es decir la pensión por fallecimiento del titular. Pero fue todo en vano”.

Según la ley 27.549, la pensión graciable equivale al monto de 2 haberes mínimos ($ 51.844) .Y tienen derecho a percibirla el cónyuge o conviviente, hijos/as solteros/as hasta los veintiún (21) años de edad y sin límite de edad si están y personas a cargo al momento del fallecimiento.

En la sentencia, para argumentar su negativa a otorgarle el turno, ANSeS señaló que los articulo 5 y 10 de la ley 27.549 especifica que “el Poder Ejecutivo Nacional determinará la autoridad de aplicación de la ley, es decir que, en su articulado no establece que sea esta Administración Nacional la encargada de iniciar, gestionar y otorgar la prestación en cuestión, pues el P.E.N. aún no lo ha definido mediante reglamentación”,

En el fallo la jueza tuvo “en cuenta el carácter alimenticio de la prestación que se solicita y de las consideraciones específicas que surgen del propio texto de la Ley 27.549 y sus remisiones al Sistema Integrado Previsional Argentino y a la Ley 24.241 (de jubilaciones y pensiones) cuya administración recae en cabeza de la ANSES”.

Por consiguiente, “corresponde a esta Magistrada arbitrar las medidas necesarias para salvaguardar los valores superiores de la salud y la vida, en relación a lo que se pide en la demanda, ello es se le conceda un turno, y más aún frente a la naturaleza alimentaria que ostentan los beneficios previsionales. Y ordena a la ANSeS “que en el término de diez (10) días le otorgue un turno a la actora a fin de iniciar los trámites del beneficio de pensión conforme ley 27.549”.

La ley 27.549 comprende a “los/las profesionales, técnicos, auxiliares (incluidos los de gastronomía, maestranza y limpieza) y personal operativo de los sistemas de salud pública y privada; el personal de las Fuerzas Armadas; las Fuerzas de Seguridad; de la Actividad Migratoria; de la Actividad Aduanera; Bomberos, recolectores de residuos domiciliarios y recolectores de residuos patogénicos, que habiendo prestado servicios durante la emergencia sanitaria establecida por el Decreto N° 260/2020 y las normas que lo extiendan, modifiquen o reemplacen, cuyos decesos se hayan producido en el período comprendido entre el 1° de marzo y el 30 de septiembre de 2020 como consecuencia de haber contraído coronavirus COVID-19”.

Esas fechas no fueron prorrogadas a pesar que los fallecimientos por COVID-19 continuaron sin pausa después del 30 de septiembre. Y a pesar que la faculta al Poder Ejecutivo a “prorrogar el otorgamiento de estas pensiones graciables en tanto lo considere necesario y no más allá de la finalización del estado de emergencia sanitaria definida en el artículo anterior”.

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