Detrás de la fría estadística que expone la profunda crisis financiera y prestacional de la mayor obra social de la provincia, se esconde una realidad cotidiana marcada por la angustia. No se trata únicamente de balances desequilibrados o de fuertes cruces políticos en la Legislatura bonaerense; se trata de vecinos que esperan respuestas que nunca llegan, profesionales que se ven obligados a colgar el ambo y familias enteras que atraviesan situaciones límite debido a la falta de cobertura y a los severos retrasos en los pagos. A través de una publicación del bloque de diputados de la UCR se exponen crudamente las falencias del Instituto de Obras Médico Asistencial (IOMA) y cómo afecta a los bonaerenses.
La problemática cala hondo entre los prestadores de salud de la región. Gabriel, un reconocido odontólogo, tomó la drástica decisión de dejar de atender a través de la obra social tras acumular más de seis meses de atrasos en sus cobros. La historia se repite con idéntica gravedad en otras disciplinas esenciales: Sonia, acompañante terapéutica, arrastra cinco meses sin percibir un solo peso por sus tareas realizadas, mientras que Martín, kinesiólogo, denuncia que los pagos demoran más de un semestre y llegan con honorarios totalmente desactualizados frente a la inflación. En este escenario de asfixia económica, profesionales de la medicina como Raúl decidieron cortar por lo sano y dejar de prestar servicios a los afiliados ante la sistemática falta de pago.
Para los pacientes, este abandono se traduce en un desamparo absoluto que, en muchos casos, roza lo trágico. Andrea relata con profundo dolor cómo perdió a su padre mientras esperaba que el organismo autorizara y abonara un audífono indispensable para que el hombre pudiera escuchar. La burocracia estatal también golpeó con dureza a Karen, mamá de un bebé prematuro, quien debió batallar durante más de medio año para conseguir la cobertura del tratamiento de su hijo. En una situación similar se encuentra Alejandro, el papá de Noah, quien denunció públicamente que la entidad se negó a cubrir la internación domiciliaria que el pequeño requería de forma urgente tras ser sometido a una traqueotomía.
Quienes no sufren demoras directas en sus tratamientos padecen las consecuencias del progresivo vaciamiento de las cartillas médicas. En nuestra ciudad, la comunidad educativa expone una de las caras más complejas de esta realidad. Docentes locales manifestaron que, ante la total falta de profesionales dispuestos a trabajar con la obra social en la zona, se ven obligados a viajar de manera recurrente a localidades vecinas. Esto implica no solo afrontar elevados costos económicos que golpean los ya castigados bolsillos, sino también asumir los lógicos riesgos que conlleva tener que salir a la ruta para recibir atención médica básica.
A nivel institucional, el panorama no es más alentador. El ex intendente del partido de General Alvear, Alejandro Cellillo, encendió las alarmas sobre el crítico estado de situación, advirtiendo sobre la drástica disminución de prestadores en el distrito y las importantes deudas pendientes que el organismo provincial mantiene con los municipios, afectando directamente las arcas de los hospitales locales. Mientras tanto, afiliados como Fabio continúan atrapados en un laberinto administrativo, esperando desde hace meses reintegros por prestaciones médicas que ya abonaron de su propio bolsillo.
Estas historias, lejos de ser hechos aislados o meras anécdotas de pasillo, son el fiel reflejo de una crisis estructural que mantiene desprotegidos a miles de bonaerenses y que, en el interior de la provincia, se padece con una crudeza que ya no se puede disimula
