La Escuela de Formación Policial con sede en Pergamino dejó de funcionar de manera definitiva, una decisión que terminó de fracturar la relación política entre el Municipio de esa localidad y el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
El cierre de la academia fue confirmado por el intendente pergaminense Javier Martínez, quien atribuyó la medida a un acuerdo de colaboración que, según su visión, no fue respetado por las autoridades provinciales. El jefe comunal sostuvo que, mientras la administración local cumplió con los compromisos asumidos, la contraparte bonaerense no respondió de la misma manera, lo que derivó en el fin del ciclo formativo en el distrito vecino.
El eje del conflicto radica en el aporte de recursos. Según la explicación brindada por el Ejecutivo de Pergamino, la Municipalidad se hacía cargo de la infraestructura, los recursos materiales y la asistencia logística necesaria para que la escuela pudiera operar. Este esfuerzo económico y organizativo tenía como objetivo central que los nuevos agentes formados en ese predio fueran destinados a reforzar la seguridad en las calles de esa ciudad. Sin embargo, Martínez denunció que el Ministerio de Seguridad no cumplió con el envío de la cantidad de efectivos prometida, lo que rompió el equilibrio del convenio original.
La sede funcionaba en un predio cedido por el gobierno local, espacio que fue sostenido durante años con fondos municipales bajo la premisa de que la inversión impactaría directamente en la prevención del delito a nivel local. Ante la falta de respuestas sobre la llegada de nuevos uniformados en la magnitud esperada, el Municipio solicitó formalmente la restitución del inmueble. Esta petición fue el detonante para que el Ministerio de Seguridad de la Provincia decidiera clausurar definitivamente la sede de formación, profundizando la tensión política y dejando una incógnita sobre cómo se cubrirán las necesidades de seguridad en la región tras la pérdida de este espacio de capacitación.
