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Trata de personas: desmantelan a una banda que actuaba hace más de diez años con la complicidad de autoridades y funcionarios

En el marco de una causa en la que una banda habría contado con la participación de funcionarios y la complicidad policial para lograr sus propósitos y que mantenía cautivas a sus víctimas, ejerciendo amenazas y violencia contra ellas, surge la investigación a los locales “Lola” y “Victoria”. Dos de los acusados, están prófugos.

La investigación se originó a raíz de una serie de denuncias anónimas recibidas a través de la línea 145 del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el delito de Trata, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, y de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), en marzo de 2017. En ellas se denunciaba la existencia y funcionamiento de “Lola” en Juan Bautista Alberdi al 3100, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El fiscal Franco Picardi, titular de la Fiscalía Federal en lo Criminal y Correccional N°5, solicitó que la causa se eleve a juicio y que se investigue a las nueve personas detenidas.

La banda está acusada por captar, trasladar y explotar sexualmente a aproximadamente 74 mujeres que eran sometidas en dos prostíbulos ubicados en el barrio porteño de Flores.

Según la investigación, los hechos se produjeron desde el año 2008 hasta marzo del año en curso, cuando se allanaron los locales y se procedió a su clausura. Los prostíbulos eran inspeccionados permanentemente, aunque seguían funcionando sin pausar sus actividades ilícitas, ya que existía un acuerdo entre estos dos locales y un albergue transitorio llamado “La Perla” que estaba ubicado muy cerca del lugar y que además repartía tarjetas publicitando a los prostíbulos.

De acuerdo a los datos recolectados por el Ministerio Público Fiscal, los dos locales mantenían una vinculación en sus negocios criminales. La evidencia consta en la similitud del trato hacia las víctimas, las declaraciones de los imputados procesados y la misma modalidad de delito.

Cabe destacar que, mediante determinadas escuchas telefónicas dispuestas en la pesquisa, los responsables de los locales mantenían arreglos con personal policial perteneciente a la comisaría N° 38 quienes eran los encargados del control de la zona.

Los principales autores del delito son Norberto Gustavo Medina (ex director de Asuntos Institucionales y ex representante municipal ante la Dirección Provincial de Personas Jurídicas), su hijo Jonathan, Marcelo Gregorio Uscheroff  (ex funcionario del municipio de 3 de febrero y ex presidente de la UCR de esa misma localidad) y su hijo, Julián Mauricio Uscheroff. Los dos últimos  se encuentran prófugos y con pedido de captura desde marzo.

En los allanamientos, se encontraron mujeres es muy mal estado, muchas con problemas de salud y fuera de sí, la mayoría de nacionalidad brasilera, paraguaya y dominicana. En los informes realizados por el Programa Nacional de Rescate, que cuentan con las declaraciones de las víctimas, las mismas afirmaron que del dinero que recibían por su explotación sexual, debían entregar el 50% al encargado y si se negaban, eran castigadas de manera violenta y encerradas bajo llave.

El prostíbulo “Victoria”, en su interior, tenía una conexión con la propiedad lindera que funcionaba como un albergue transitorio, donde las mujeres eran llevadas a la fuerza para ser explotadas sexualmente. Esa conexión, estaba camuflada por un bloque de durlock que ocultaba a simple vista la puerta que comunicaba un lugar de otro.

La Fiscalía Federal N° 5 afirmó que las procesados mantenían acuerdos comerciales con los clientes habituales ofreciendo a las mujeres con un “50% de descuento”, y si iban a pasar la noche al albergue transitorio, mencionando previamente el nombre del prostíbulo, también recibían considerables descuentos.

Cada mujer tenía un precio diferente y eran controladas e identificadas mediante planillas, que detallaba horarios de entrada y salida a las habitaciones, números de clientes y horas trabajadas. Además eran acompañadas por personal de seguridad del establecimiento y monitoreadas permanentemente a través de cámaras de seguridad.

Para el fiscal, estos lugares “funcionaron de forma organizada e ininterrumpida a lo largo de diez años, con el objeto de promover la trata de personas conlos fines de explotación sexual y la promoción, facilitación y explotación económica de la prostitución ajena”.

El fiscal Picardi contó con la colaboración de los fiscales Alejandra Mángano y Marcelo Colombo, cotitulares de la Protex, quienes en conjunto lograron desmantelar a esta banda que actuó por más de diez años bajo la protección de funcionarios y autoridades estatales.

 

Hugo López Carribero

Abogado Penalista

Profesor Universitario de Derecho Penal

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