Ana Zabaloy, una maestra rural que luchaba para frenar el uso de agrotóxicos en cercanías a las escuelas, murió de cáncer el sábado pasado en la vecina localidad de San Antonio de Areco.
La docente ya había sufrido trastornos a causa de las fumigaciones, entre ellas una parestesia facial y un severo problema de insuficiencia respiratoria.
«Me pasó de llegar con cosas cargadas a las clases y encontrarme con máquinas fumigando, sin poder detenerlas. Aspiré lo que se estaba fumigando, volví con la cara paralizada y después de ese acontecimiento los chicos y sus familias empezaron a hablar de cómo fumigan en sus casas», dijo Zabaloy en un documental que contaba lo que le sucedía a diario al estar en contacto con esos productos.
«He visto llegar alumnos de Paraguay gorditos rozagantes y después de cuatro años ver cómo se les iba deteriorando la salud. Siempre digo que las docentes rurales somos testigos directo del costo humano de este sistema basado en transgénicos y venenos», relató la docente.
El año pasado, la ONG Red Federal de Docentes, de la cual Zabaloy era referente, ya había dado cuenta sobre varios casos de fumigaciones en escuelas rurales. La maestra en esa oportunidad sostuvo que «una vez que puse el tema sobre la mesa en la escuela, los chicos y las madres empezaron a contar lo que pasaba en sus casas. Allí es peor porque el que los fumiga es el propio patrón».
Este caso se suma al de Pergamino, donde la Corte Suprema de Justicia ratificó que el agua de tres barrios contiene al menos 18 agroquímicos y, por lo tanto, pone en riesgo la salud humana. Generando una honda preocupación en la zona.
El informe de la Corte fue solicitado luego de que el Juzgado Federal Nº de San Nicolás a cargo de Carlos Villafuerte Ruzo ordenara suspender la aplicación de agroquímicos en cuatro campos que rodean a los barrios Villa Alicia, La Guarida y Luard Kayad, de Pergamino, donde se contabilizaron más de 40 casos de enfermedades de piel, respiratorias y cáncer en niños y adultos en pocas cuadras, lo cual derivó en la radicación de una denuncia en la Justicia por parte de los vecinos.
La decisión de Villafuerte Ruzo estuvo motivada por un estudio de la Estación Experimental Agropecuaria (EEA) del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) Balcarce que determinó la presencia de plaguicidas en el agua muy dañinos para la salud.No obstante, desde el Municipio pidieron un nuevo análisis a la Autoridad del Agua de la provincia de Buenos Aires que, por el contrario, concluyó en que el agua era apta para el consumo, ya que si bien halló presencia de agrotóxicos, sostuvo que estos estaban por debajo de los parámetros que se consideran riesgosos para la salud.
En Arrecifes, en tanto, el 26 de noviembre de 2016 se aprobó una completa ordenanza que regula la aplicación de agroquímicos en nuestro distrito. El proyecto, impulsado por el entonces concejal del Frente Renovador Jorge Eterovich, establece un límite de 300 metros de exclusión para fumigar respecto del radio urbano, y una zona de amortiguamiento de 1.200 metros, donde sólo se autoriza el uso de agroquímicos de banda verde.
Paralelamente se puso a consideración otro proyecto, del bloque Cambiemos, idéntico al presentado por Eterovich, en el que contemplaba una restricción de 150 metros y 850 de zona de amortiguamiento, más acorde con lo que pretendían los productores.
La votación resultó 8 a 5 a favor del proyecto del Dr. Eterovich. La oposición votó en conjunto por esta propuesta y el oficialismo por la suya.
