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Bonadío procesó a los intendentes de la zona Ostoich, Casi, Skansi, Durañona y al ex intendente Caso

Bonadio

Según una publicación de la edición digital de la publicación de actualidad provincial, La Tecla, el juez federal Claudio Bonadío decidió el procesamiento de 92 intendentes de todo el país (entre ellos, jefes comunales de la zona) en el marco de la causa GIRSU, que investiga el destino de más de 600 millones de pesos durante la gestión kirchnerista.

Entre ellos hay varios alcaldes y exalcaldes de la Provincia, que recibieron fondos para proyectos de reciclado, denominado Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos. Se mencionan en la publicación los nombres de Ricardo Casi (Colón); Oscar Ostoich (Capitán Sarmiento); Martín Caso (Rojas); Marcelo Skansi (Carmen de Areco) Y Francisco Durañona (San Antonio de Areco). Todo ellos, a excepción de Caso, continúan al frente del Ejecutivo Municipal. En el caso de Oscar Ostoich, a fines de enero se aprobó un nuevo pedido de licencia hasta el 3 de marzo del corriente año por cuestiones de salud, quedando al comando de la comuna su esposa, Irma Negri de Ostoich.

Por la misma causa, en diciembre de 2017, Bonadio había firmado los procesamientos de Aníbal Fernández y Jorge Capitanich, y le dictó la falta de mérito a Juan Manuel Abal Medina, aunque ante la apelación del fiscal Carlos Rívolo también quedó procesado.

Igual suerte corrieron ex secretarios de Medio Ambiente como Sergio Lorusso, Omar Judis y Juan José Mussi; y Andrés Meiszner, ex jefe de asesores de la Jefatura de Gabinete.

La lista de los intendentes y exintendentes bonaerenses procesados por Bonadío es la siguiente:

José Inza – Azul – (2011-2015)
Pablo Zurro – Pehuajó – Continúa en el cargo
Alberto Conocchiari – Leandro N. Alem
María Gianini de Lafleur – Carlos Tejedor (2011-2015)
Ricardo Casi – Colon – Continúa en el cargo
Walter Torchio – Carlos Casares – Continúa en el cargo
Gastón Arias – Brandsen (2011-2015)
Néstor Álvarez – Guaminí (2011-2017)
Diana Arguello – Lobería (2013-2015)
Héctor Olivera – Tordillo – Continúa en el cargo
Oscar Ostoich – Capitán Sarmiento
Jorge Eijo – General Belgrano (2011-2015)
Martín Caso – Rojas (2011 – 2015)
Gustavo Walker – Pila – Continúa en el cargo
Gustavo Trankels – Tornquist – (2011-2015)
Marcos Luis Fernández – Monte Hermoso – Continúa en el cargo
Francisco Iribarren – Florentino Ameghino (2011 – 2015)
Enrique Tkacik – Hipólito Yrigoyen (2011-2015)
Marta Médici – Alberti (2011-2015)
Ricardo Curetti – Carmen de Patagones (2011-2015)
Alfredo Fisher – Laprida – Continúa en el cargo
José Medina – General Arenales
Marcelo Skansi – Carmen de Areco – Continúa en el cargo
Carlos Racciatti – Lezama – (2011 – 2015)
Juan Carlos Bartoletti  – General Viamonte  (2011-2013)
Gusatavo Cocconi – Tapalqué – Continúa en el cargo
Francisco Echarren – Castelli – Continúa en el cargo
Francisco Durañona – San Antonio de Areco  – Continúa en el cargo
Francisco Gutiérrez – Quilmes (2011-2015)

En la mira de Bonadío está el programa ambiental Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU), para la erradicación de basurales a cielo abierto, sobre el cual se realizó una auditoría -junto con la Sindicatura General (SIGEN)- que arrojó irregularidades y manejos poco claros. Inmediatamente, el director general de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Medio Ambiente, Pablo Bolado, presentó una denuncia en la Fiscalía Federal N° 2, a cargo de Carlos Rívolo. Resultado: dictamen ante Bonadío, quien ya procesó, entre otros, a dos ex jefes de Gabinete del kirchnerismo (Aníbal Fernández y Jorge Capitanich) y a los ex secretarios de Ambiente Juan José Mussi, Sergio Lorusso y Omar Judis.

El análisis de la información, luego de que Bonadío ordenó enviar auditores a varios municipios para corroborar el estado de las obras, permitió al juez concluir que hubo discrecionalidad en el otorgamiento de los fondos (casi la totalidad, dados a comunas peronistas o de aliados); además de otras irregularidades, como la ausencia de estudios de factibilidad; falta de control en la ejecución de planes; transferencias pendientes de rendición; modificaciones e incuplimientos de proyectos; o solicitudes aprobadas sin cumplir requisitos o con tiempos disímiles: algunos en dos meses y otros en seis años.

Por su parte, desde el PJ no se quedaron quietos. El Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires emitió un comunicado rechazando lo que denominó «carpetazos y falsas denuncias públicas» para esmerilar el poder de fuego del peronismo en las próximas elecciones.

El comunicado completo expresa:

«Dirigentes y militantes del Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires repudiamos las versiones de extorsión a intendentes peronistas como parte de una presunta estrategia electoral de Cambiemos.

Los “carpetazos” y falsas denuncias públicas que carecen de sustento jurídico son un mecanismo que atenta contra la democracia y que está muy lejos de la premisa que prometió el propio Gobierno: consolidar una Justicia libre e independiente.

Si Durán Barba ve que a Cambiemos no le dan los números, tendría que hacer una autocrítica y no apelar al engaño, como ya hizo en 2015 y 2017, para sostener un modelo que es, justamente, insostenible. El rechazo hacia el Gobierno no es por otra cosa que por su propia incapacidad. Con más de 210 mil despidos en 11 meses, la pérdida del salario real más alta desde 2002 y una inflación acumulada del 145%, lo esperable sería que concentren toda su energía en buscar herramientas para paliar y resolver el desastre social y económico al que están condenando a las argentinas y los argentinos.

Los y las bonaerenses están hartos de pagar tarifazos imposibles; de sufrir constantemente cortes de suministro de agua y luz porque las empresas prestadoras, a quienes el Gobierno les autoriza subas ridículas, no invierten ni dan respuesta; de vivir con angustia porque no llegan a fin de mes y temen perder su empleo. Les pedimos a los funcionarios de Cambiemos que construyan gobernabilidad ocupándose de lo que realmente le duele y preocupa a la gente de la Provincia y de toda la Argentina, y que dejen de intentar hacer daño con mentiras a intendentes que junto a las organizaciones sociales hoy son quienes ponen la cara todos los días y contienen los efectos de la crisis para que no sea aún peor».

Fuente: La Tecla

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